Rosarito Informa.-La diputada Miriam Josefina Ayón Castro, mencionó que el
incremento de nacimientos de hijos extramatrimoniales en la Entidad, puede
posibilitar que ante la ausencia de la
figura paterna, se corra el riesgo de que esto posibilite un aumento en el
índice de pobreza y criminalidad.
Así lo mencionó al presentar ante el Pleno, un punto de
acuerdo mediante el cual se exhorta a los cinco alcaldes de Baja California a
implementar los mecanismos necesarios para que se otorguen estímulos fiscales a los Laboratorios de
Análisis Clínicos que reduzcan el costo de la prueba de ADN de paternidad, en
los casos en que los solicitantes no cuenten con solvencia económica.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que en algunos casos de divorcios y, aún dentro
del matrimonio, existe cierta negativa del cumplimiento de las obligaciones del
padre hacia sus hijos, cuando tiene dudas acerca de su paternidad.
Dudas que se pueden disipar con una Prueba de ADN (Ácido
desoxirribonucleico) de paternidad. Métodos que hoy en día pueden realizarse de
manera privada y sin cuestionar la razón por la que desea realizarse, expuso la
legisladora.
Agregó que definitivamente la prueba del ADN, es la más
precisa para determinar la paternidad; de esta manera, se benefician las
mujeres que buscan el reconocimiento de filiación para sus hijos, al igual que
los hombres que desean demostrar que están siendo acusados falsamente de ser
padres biológicos de un niño que es imputado como suyo.
Sin embargo, la citada prueba genética de paternidad, no se
encuentra cubierta en las instituciones públicas de salud ni a través del
Seguro Popular, toda vez que no se considera como un procedimiento médico
necesario y mucho menos de urgencia. Situación que incrementa su complejidad,
dado el costo económico de la prueba, para el supuesto padre biológico, cuando
carece de los recursos necesarios.
Destacó que en casos extremos, el juez familiar requiere de
las herramientas necesarias como pruebas fehacientes para resolver un juicio
sobre paternidad y, de esta manera, se aplique la ley de manera justa.
“Estamos conscientes de que las familias de escasos recursos
económicos están prácticamente imposibilitados para llevar a cabo dicho examen
de laboratorio, de lo cual surge la necesidad de buscar el mecanismo ideal para
que los laboratorios clínicos de la iniciativa privada gocen de algún incentivo
municipal, con el objetivo de reducir el costo de las pruebas de ADN”,
concluyó.
Las mujeres en situación económica precaria, que se
encuentra en estado de pregnancia o ya tienen un hijo cuyo padre no ha asumido
la responsabilidad de sus obligaciones, deben gozar de las medidas de apoyo
gubernamentales para reivindicar los derechos del menor de edad. Aunque la vía
judicial es la que jurídicamente da certeza a la paternidad responsable, la
prueba genética es el medio idóneo para acreditar dicha paternidad. Puesto que
se trata del derecho superior del menor de edad, el Estado debe asumir un rol
facilitador que fomente que el sector salud en la iniciativa privada brinde
servicios económicamente accesibles a la sociedad.
Por tal motivo, se exhorta al Ejecutivo del Estado a efecto
de que otorgue estímulos fiscales a los Laboratorios de Análisis Clínicos que
reduzcan el costo económico de la prueba genética de ADN de paternidad, cuando
el solicitante no cuente con solvencia económica, con la finalidad de la
acreditación del derecho a la pensión alimenticia y otros derechos del menor de
edad.
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